La rendición de cuentas se enmarca dentro de la Política de Participación Ciudadana en la fase de evaluación del ciclo de la gestión pública, y tiene como objetivo central consolidar que las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informen, expliquen y den a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.  

Este proceso permanente es una expresión de control social, que comprende tanto la oferta de información clara y comprensible a través de diferentes espacios de encuentro con la ciudadanía (mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.), apoyado en diferentes medios (basados en tecnologías de la información y las comunicaciones y presenciales, en medios de comunicación comunitarios y masivos, orales y escritos), así como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento).  

La rendición de cuentas tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.  

Por su parte, el control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas.

La ciudadanía, de manera individual o por intermedio de organizaciones constituidas para tal fin, podrá desarrollar el control social a las políticas públicas y a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes públicos.