Los resultados y el grado de avance en garantía de derechos a través de la prestación de bienes o servicios a su cargo por medio de la actividad legislativa.

Las responsabilidades asignadas en la Constitución Política, en las leyes, los compromisos adquiridos en los escenarios de discusión internacional y en las preocupaciones e intereses ciudadanos.

La asistencia a cada una de las sesiones de Comisión y plenaria, de Cámara y Senado. Las inasistencias deben reportarse junto con su respectiva excusa o razón que la acredite.

La votación de cada uno de los integrantes de la Cámara y el Senado, en Comisión y Plenaria de cada una de las iniciativas legislativas discutidas.

Los impedimentos presentados en cada una de las votaciones y los resultados frente a su aceptación o rechazo.

Los intereses privados (Arts. 286-295, Ley 5 de 1992) deben estar debidamente registrados en cada una de las Cámaras. Este registro debe ser organizado e integrado con la base de información abierta y disponible a la consulta pública en cada una de las páginas web (Cámara y Senado).

Los proyectos de iniciativa legislativa presentados por cada uno de los miembros del Congreso (Cámara y Senado) y por los Partidos Políticos con representación -cuando así fuere el caso-, para cada uno de los periodos y en la legislatura completa, debe señalarse la fecha de radicación, así como las fechas y estado del proceso tanto en Comisión como en Plenaria, así mismo siempre se debe señalar su estado: radicado, en debate (Comisión o Plenaria), número de debate, aprobación, en sanción presidencial[1], conciliación, archivo y sancionada.

Los proyectos presentados por iniciativa del ejecutivo deben identificar plenamente sus respectivos ponentes, y sus características principales: tipo de Ley (Acto Legislativo, Ley Estatutaria, Ley Ordinaria, Reforma a Ley Estatutaria o Ley Ordinaria) y de ser radicada con mensaje de Urgencia por el gobierno nacional, este debe estar expresamente señalado. Además, debe contener toda la trazabilidad sobre la aprobación o archivo del proyecto de ley.

De igual forma la Base de datos debe contener las iniciativas legislativas presentadas por otras instancias facultadas Constitucional y Legalmente para adelantar dicho proceso, de igual forma debe mantenerse la trazabilidad sobre la aprobación o archivo del proyecto de ley.

Por otra parte, debe estar disponible la información sobre los viajes o comisiones al exterior de cada uno de los miembros del Congreso de la República que hayan sido autorizados para estos en legal y debida forma, los cuales son financiados con recursos públicos (Congreso de la República), allí debe informarse el motivo del viaje, el tiempo del viaje, el itinerario respectivo, viáticos y pasajes aéreos. Cuando el viaje sea autorizado en legal y debida forma, pero este no sea financiado con recursos públicos, será necesario informar el motivo del viaje, el responsable de la financiación, periodo de autorización e itinerario.

El Congreso de la República rinde cuentas sobre su función y actividades legislativas. La relación Congresistas-actividad legislativa es fundamental para evidenciar el trabajo parlamentario.

Conformación de la Unidades Técnicas Legislativas -UTL- de cada uno de los Congresistas.

Registro Único de Lobistas ante la Cámara de Representantes y el Senado: nombre, Identificación, intereses que representa, relación de congresistas visitados.

Es fundamental que el Congreso de la República construya, desarrolle, fortalezca y mantenga una base de datos abierta y disponible en cada una de las páginas web (Cámara y Senado) con sus respectivos atributos y estructura, en donde el ciudadano pueda consultar, de acuerdo con sus intereses, la información requerida. Para ello se recomienda que toda la información esté relacionada en una base de datos institucional de consulta abierta en estándares recomendados por la plataforma www.datos.gov.co; por lo anterior archivos en formato PDF; JPG; BMP u otros que no faciliten la consulta y selección del ciudadano dificulta el proceso de rendición de cuentas.

Los informes, reportes, declaraciones o demás información que encuentre en archivos de tipo plano (Word, PDF, JGP, etc.,) deben ser anexos de consulta a los datos estructurados y dispuestos en la base de datos institucional dispuesta para la consulta pública.

La importancia del diseño y medición de indicadores: son variables o criterios de carácter cuantitativo o cualitativo que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo.

Indicadores de funcionamiento: aquéllos que describen la operación cotidiana del órgano legislativo.

Indicadores de desempeño: medir la forma en que un órgano legislativo y los grupos parlamentarios cumplen con sus funciones bási­cas: vigilar al Ejecutivo, legislar y representar al ciudadano. Por funciones de vigilancia se entenderá fundamentalmente el proceso presupuestal (ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública), facultades de ratificación o nombramiento de funcionarios públicos y las comisiones de investigación, de existir.

Indicadores sobre la legislación: se basan en las diversas etapas del pro­ceso legislativo.

Indicadores técnicos y administrativos: aunque se re­conozca que una ley no puede ser calificada con criterios únicos, deberá cumplir ciertos requisitos técnicos. Por lo tanto, hay metodologías que buscan calificar a las normas aprobadas con base en categorías como: claridad en la definición del problema, alternativas y soluciones propuestas, aspectos legales, cuestiones lingüísticas, técnica legislativa, racionalidad económica, impacto regulatorio, factibilidad en la instrumentación y aplicación o racionalidad ciudadana.

La importancia de los Indicadores: se propone que esta rendición de cuentas se soporte en indicadores. Existe una batería de 100 indicadores, agrupados en 6 campos:
1) Información sobre el Parlamento,
2) Información sobre los Parlamentarios,
3) Difusión del Trabajo Parlamentario,
4) Transparencia,
5) Acceso a la Información y
6) Participación y Comunicación, que pueden ser analizados y aplicados en Colombia como estándar de la rendición de cuentas.

Procesos de contratación pública adelantados en cada una de las Cámaras, teniendo en cuenta que la presentación de la información permita evidenciar los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, planeación, publicidad e igualdad.

La Declaración de Transparencia Parlamentaria asumida en el 2012: la rendición de cuentas obliga a construir transparencia, no como un simple estado de disponibilidad de información sino como una forma específica de diálogo social y político.