Los derechos que se han garantizado en la ejecución de políticas, programas y proyectos, asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La cobertura de la población con enfoque diferencial y territorial, y los criterios de asignación de bienes y servicios a la población en los casos focalizados.

Las condiciones de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de los bienes servicios entregados.

El cumplimiento y nivel de avance en las metas del Plan de Desarrollo o Plan Operativo Anual.

La ejecución financiera, es decir, la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión asociado a metas.

La realidad fiscal y financiera y el gasto público social.

La gestión contractual asociada a metas. Por ejemplo: la relación y estado de los procesos de contratación, número y valor actualizados de los contratos y la Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado.

La gestión administrativa, es decir, el grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su aporte al cumplimiento de las metas de gestión.

Los impactos de la gestión de la entidad, es decir, se debe informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio a partir de los logros de la gestión pública.

Las dificultades enfrentadas en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo o Plan Operativo Anual y la forma como se han resuelto.