Durante todo el ciclo de la gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas. Se rinde cuentas todo el tiempo porque es un proceso permanente de las entidades del Estado, en tanto ellas deben responder a los interesados por las obligaciones orientadas a la garantía de derechos y el cumplimiento de los fines del Gobierno, que se concretan en la misión de cada institución. El artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, planeta que: 

Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una estrategía de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. (Ver Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-Versión 2)

De acuerdo con dicha Ley, se entiende la rendición de cuentas como un proceso que obliga a las autoridades y  servidores públicos a formular una estrategia con actividades permanentes para informar y explicar sus actuaciones y, a escuchar y dialogar con los grupos de valor para mejorar la gestión pública. Va más allá de la programación de eventos aislados.

Por tanto, las acciones formuladas en la estrategia de rendición de cuentas, deben incluirse en la planeación institucional, según lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el marco del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano.