Publicado por: Jorge Iván Giraldo Díaz 
Fecha: 31 de Diciembre 1969 
Equipo: Gestión Internacional
Muchos de los desafíos que obstaculizan la sostenibilidad del progreso socioeconómico del Perú provienen de las debilidades históricas y estructurales de su sistema de gobernabilidad. Un sistema de gobernabilidad sólido que ofrezca políticas inclusivas y servicios públicos eficaces y mitigue los riesgos de corrupción es indispensable para que el Perú pueda mantener los resultados significativos que ha logrado en la reducción de la pobreza y de la desigualdad y en la mejora del bienestar general.
Este estudio – que forma parte del Programa País de la OCDE para el Perú – proporciona una guía estratégica sobre cómo mejorar el sistema de integridad pública basado en un análisis comparativo de sus estructuras, instrumentos y procesos. El estudio es una evaluación integral del sistema de integridad pública del Perú, examinando la amplia gama desafíos de implementación que el país está experimentando, tanto a nivel nacional como subnacional. El estudio analiza los contextos institucionales del sistema de integridad del Perú, con un enfoque específico en áreas prioritarias tales como el control interno y la gestión de riesgos, la promoción de la ética pública y la gestión de conflictos de intereses, la protección de los denunciantes, el lobby y las finanzas políticas. También analiza el régimen disciplinario y el papel del sistema de justicia penal en la lucha contra la corrupción.
El estudio reconoce los pasos que el Perú ha tomado para fortalecer su sistema de integridad. Por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), creada en 2010, reconoce la necesidad de involucrar a actores de los sectores público y privado y de la sociedad civil en la promoción de una política de integridad y anticorrupción integradora y coordinada a todos los niveles y con una responsabilidad compartida. La Comisión también promueve y apoya el establecimiento de Comisiones Regionales Anticorrupción en las 25 regiones para desarrollar planes regionales contra la corrupción y responder a desafíos específicos de las regiones.
El estudio también aborda las lagunas existentes y refleja cómo el país podría construir un sistema de integridad público coherente y comprensivo, cómo cultivar una cultura de integridad en el gobierno y permitir una rendición de cuentas efectiva de acuerdo con la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública de 2017. A nivel del sistema, por ejemplo, actualmente la CAN no incluye a todos los actores clave y, por lo tanto, se dificulta su capacidad de garantizar eficazmente la coordinación y la coherencia de las políticas, dirigir el desarrollo de los Planes Nacionales de Lucha contra la Corrupción y supervisar su aplicación. El estudio también recomienda medidas para fortalecer los Sistemas Regionales de Integridad mediante la implementación y el desarrollo de las capacidades de las secretarías técnicas de las Comisiones Regionales Anticorrupción, y mediante el establecimiento de un mecanismo efectivo de coordinación entre los niveles central y regional y entre regiones.
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Jorge Iván Giraldo Díaz
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