Ejercicio de Depuración Normativa en El Estado: Estrategias de Mejora Jurídica

Publicado por: Mónica Liliana Herrera Medina Fecha: 31 de Diciembre 1969 Equipo: Jurídico Tema: Jurídico 18680

La política de racionalización normativa adoptada en el CONPES hace parte de una de las reformas transversales que el Ejecutivo actual considera necesarias para lograr objetivos del buen gobierno y mejorar la competitividad.

El impacto económico de una mejor regulación es muy grande. En la medida en que un país cuente con reglas del juego claras y accesibles, se fortalece la economía, se impulsa el crecimiento económico y el bienestar a largo plazo, y robustece la confianza al tener seguridad jurídica. Esto es lo que hace parte de lo que se ha denominado “normatividad inteligente”, que supone (i) evaluar los impactos de las normas y de las políticas en todo su ciclo; ii) hacer normas más claras; y (iii) establecer periodos para realizar consultas a los ciudadanos sobre propuestas normativas.

Así mismo, en el documento se acogen las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ubican el proceso de calidad normativa en el mismo nivel de importancia que la política fiscal y monetaria para asegurar la eficiencia económica y social.

No obstante, el compromiso de mejora normativa no es nuevo en nuestro país. El Ejecutivo ha venido trabajando el tema desde el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) en el marco del cual se desarrolló el Proyecto de Racionalización y Simplificación del Ordenamiento Jurídico (PRYSOJ), cuyo objetivo era modelar, armonizar, acoplar y ejecutar las políticas consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, dentro de las reformas transversales del Estado Colombiano. La intención de esta iniciativa era transformar la gestión pública en un escenario de transparencia, participación y eficiencia para acercar los intereses del Estado y de los particulares desde la normativa. En ese sentido, se pretendió en su momento que el ciudadano tuviera claridad frente al sistema normativo vigente, determinando cuáles normas se encontraban derogadas, subrogadas, modificadas o en desuso. Para ello, el Gobierno Nacional expidió la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2005, mediante la cual se señaló el alcance y señaló las orientaciones generales en materia de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, dirigidas a todos los sectores de la Administración Pública.

Dos de las estrategias claras que se han identificado en el tema de mejora normativa han sido la expedición de directrices generales de técnica normativa por parte de la Presidencia de la República y el Proyecto de Depuración Normativa del Ministerio de Justicia y del Derecho como parte del Plan de Justicia para la Reconciliación.

Frente a la expedición de directrices generales de técnica normativa, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1345 de 2010, mediante el cual se señalaron lineamientos generales para la construcción de decretos para la firma por parte del Presidente de la República. Este decreto se compiló en el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República) y posteriormente las directrices fueron actualizadas en el Decreto 1609 de 2015 con las consideraciones que debían tenerse en cuenta al momento de insertar normas en los Decretos Únicos Reglamentarios Sectoriales.

En la redacción de los decretos y reglamentos, la Función Pública ha tenido en cuenta estas directrices para que nuestra producción normativa cumpla con las 4 “C”, es decir, que sean reglas claras, concisas, completas y concretas.

Con respecto al Proyecto de Depuración Normativa para la Seguridad Jurídica, el Ministerio de Justicia y del Derecho inició con la Función Pública en el mes de junio de 2016 un proceso de depuración del ordenamiento jurídico, que tiene por objeto racionalizar y simplificar el ordenamiento jurídico mediante la expulsión expresa y definitiva de aquellas normas de rango legal que resultan inaplicables, incompatibles o incongruentes, bien sea por anacronismo, obsolescencia o agotamiento de su objeto, atacando de esta forma la hiperinflación normativa que tantas dificultades trae en la aplicación e interpretación del derecho.

La Dirección Jurídica de este Departamento revisó más de 500 normas del sector de la función pública con base en la metodología propuesta por el Ministerio de Justicia y el Derecho, y determinó si se encontraban vigentes o no. En septiembre del 2016, Función Pública entregó el ejercicio terminado al Ministerio

Finalmente, los miembros del equipo jurídico de este Departamento consideran que contar con normas redactadas en lenguaje claro, con calidad, que generen seguridad en cuanto a su vigencia, constituye una parte fundamental de las estrategias de la política antitrámites porque generan confianza, seguridad y tranquilidad al ciudadano, al empresario, al inversionista, al servidor público, a todos.