El convenio firmado entre Función Pública y la Gobernación del Tolima no representa gastos adicionales para las entidades. 

•    Las entidades firmaron un acuerdo que fortalecerá los procesos de políticas de participación ciudadana, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, racionalización de tramites, transparencia e integridad.
•     Afianzar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), será una de las tareas más importantes del convenio. 

Bogotá, lunes 31 de agosto de 2020.- El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Gobernación del Tolima firmaron un convenio interadministrativo que le permitirá a la entidad territorial, entre otros asuntos, recibir asesoría en planes anticorrupción.

En consecuencia, se implementarán y se fortalecerán en el departamento políticas de participación ciudadana, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, racionalización de tramites, transparencia e integridad a través de acciones de capacitación y acompañamiento.

"Con este acuerdo firmado con el gobernador José Ricardo Orozco, el departamento recibirá también apoyo para desarrollar planes relacionados con la gestión estratégica del talento Humano y del conocimiento, en Participación ciudadana, así como en esquemas de líneas de defensa y procesos y procedimientos" anotó el director de Función Pública, Fernando Grillo.

La implementación de las políticas de gestión y desempeño que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), será una de las tareas más importantes que se adelantarán en la alianza pactada por las entidades.

De acuerdo con el convenio, la Gobernación a través de la asesoría de Función Pública, adelantará implementación, seguimiento, consolidación y presentación de la información asociada a los planes anticorrupción y de atención al ciudadano, así como un acompañamiento en los planes para la participación ciudadana en la gestión institucional.

De igual forma se apoyarán acciones en participación ciudadana y rendición de cuentas; servicio al ciudadano, transparencia y acceso a la información pública y se fortalecerá el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), una estrategia de mejora regulatoria y racionalización trámites.

El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 y no implicará ningún costo adicional para las entidades.