Bogotá, miércoles 26 de junio de 2019. Función Pública, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y el Ministerio del Interior, socializaron la propuesta del  Módulo de Control Social para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante un taller que contó con la participación activa de personas con discapacidad y representantes de organizaciones sociales.

En esta actividad, los asistentes identificaron los derechos más vulnerados para esta población, como el acceso y la accesibilidad, educación, salud, trabajo, participación en la vida política y pública.

Así mismo, los participantes de las mesas de trabajo dieron a conocer diversas barreras que afrontan para acceder a sus derechos, como la corrupción, trabas, falta de ajustes razonables, discriminación laboral, falta de información en territorio y dificultades para acceder a la información, entre otros.

Para promover soluciones a estos factores, los asistentes señalaron que debe contarse con la participación de diferentes actores como entes de control,  Superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, y ejercer vigilancia a los planes de desarrollo territorial, las ONG´s, Secretarías de Desarrollo y Alcaldías.

En cuanto al papel de las entidades públicas, se hizo énfasis en que éstas cumplan con los apoyos razonables y faciliten el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad; en este sentido, se debe garantizar la comunicación en los distintos lenguajes (lengua de señas, lectura Braille, entre otros), requeridos para el acceso de esta población a los servicios públicos.

Cabe resaltar que para continuar el proceso de construcción del Módulo de capacitación sobre Control Social para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Función Pública, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y el Ministerio del Interior realizarán un grupo focal con los representantes de las organizaciones de la población con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad y socializará el documento final ante los Grupos de Enlace Sectorial (GES).

Estas actividades se llevan a cabo en cumplimiento de la Ley 1618 de 2013,  de la Ley de veedurías 850 de 2003 y en el marco del Plan Nacional de Formación para Control Social.