Bogotá, miércoles 25 de septiembre de 2019. En el marco de la conmemoración del Día de la persona sorda, que se celebra el último viernes del mes de septiembre, el sector público colombiano registra la vinculación de cerca 376 servidores públicos con discapacidad auditiva, de acuerdo con los más recientes registros entregados por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.

Esta cifra representa un 12,5% de los 3.008 servidores públicos con discapacidad que laboran para la administración pública colombiana, la cual se espera aumentar hasta igualar o superar las 12 mil personas en el sector público, de acuerdo con las previsiones del Gobierno nacional y con lo estipulado por el Decreto 2011 de 2017.

“Una persona con discapacidad, y una persona sorda, tiene todo que contribuir a una entidad pública, como las personas que somos oyentes tenemos todo que contribuir a la misma”, afirmó la directora del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, Natalia Martinez, quien valoró además el gran aporte que puede brindar un sistema de comunicación como la Lengua de Señas, el cual fue objeto de reconocimiento el pasado 23 de septiembre.

De acuerdo con el INSOR, “La población sorda en Colombia es reconocida como una comunidad lingüística y cultural que utiliza la Lengua de Señas Colombiana -LSC- y comparte unos valores e intereses comunes; además, poseen modos de funcionamiento socioculturales diferentes a los de los oyentes, se identifican en normas de comportamiento que rigen sus interacciones sociales e interpersonales. El Estado Colombiano reconoció la LSC, como lengua materna de esta población a través de la Ley 324 de 1996”.

En este sentido, la directora de la entidad agregó que “así como aprendemos inglés podemos aprender lengua de señas al interactuar con una persona sorda; y es una lengua universal que sirve para comunicarse cuando se está en un espacio demasiado ruidoso, y con niños y niñas porque es viso-gestual, y eso es absolutamente positivo”.

El índice de vinculación de personas con sordera en el sector público es el tercero más alto registrado en el SIGEP, después de la discapacidad física con 42,9% y la visual, con 36,7%; este listado cierra con la discapacidad psicosocial, con 4,1%; la múltiple, con 2,8% y la intelectual, con 1,0%. 

Finalmente, cabe señalar que el Decreto 2011 de 2017 establece que, para el 31 de diciembre de este año, al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad; si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.