Función Pública destaca los avances de la presentación de la declaración de bienes y rentas en el Orden Territorial.  

•    Según el reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 36.875 servidores públicos presentaron sus declaraciones al 31 de julio de 2020.
•    Guaviare, Meta y Risaralda fueron las regiones con el mayor porcentaje de cumplimiento.  

Bogotá, jueves 13 de agosto de 2020.- El Departamento Administrativo de la Función Pública reportó un crecimiento del 76% en la presentación de las declaraciones de bienes y rentas en los servidores públicos del Orden Territorial.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), al 31 de julio de 2020 fueron diligenciadas 36.875 declaraciones de los servidores vinculados al Orden Territorial. En el mismo período de 2019 habían sido diligenciadas 20.918 declaraciones de bienes y rentas en el orden territorial. Lo anterior, significa que se presentaron 15.957 declaraciones más.

“Agradecemos a los jefes de talento humano y de control interno por su apoyo en el cumplimiento de esta obligación legal que tienen todos los servidores públicos con los ciudadanos. Este balance de las declaraciones de bienes y rentas nos permite continuar con la política de transparencia que lidera la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez”, afirmó el director de Función Pública, Fernando Grillo.

A nivel regional, Función Pública destaca el compromiso de los servidores públicos de Guaviare que registraron el porcentaje más alto de cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas con un 65,4%, seguido de Meta con un avance de 63.8% y Risaralda que obtuvo un cumplimiento del 63.4%. (ver cuadro)

“Hacemos un llamado a las entidades de los departamentos de Chocó, Amazonas, Putumayo y Bolívar, quienes tuvieron un bajo porcentaje de cumplimiento en las declaraciones de bienes y rentas de sus servidores en el aplicativo. No hacer esta declaración puede llevar a sanciones a los servidores por su incumplimiento”, puntualizó el director Fernando Grillo.

Vale recordar que la declaración de bienes y rentas en los servidores públicos es un deber constitucional y legal. Su incumplimiento puede derivar en investigaciones preliminares correspondiente por parte de las entidades y en sanciones de la Procuraduría General de la Nación.