Bogotá, lunes 27 de mayo de 2019. El más reciente reporte de vinculación de personas con discapacidad en el sector público señala que al menos 46 entidades públicas del país cumplen con las disposiciones del Decreto 2011 de 2017, que establece que para el 31 de diciembre de este año, al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad; si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%,

Entre las entidades que cumplen la norma, se incluyen 28 pertenecientes a la Rama Ejecutiva del orden nacional; una de la Rama Judicial; dos organismos autónomos e independientes; dos organismos de control, 5 gobernaciones y 8 alcaldías.

“El Gobierno valora positivamente el cumplimiento de la norma por parte de estas entidades, lo que va en línea con el crecimiento del registro de vinculación de personas con discapacidad al sector público colombiano en el último año, el cual aumentó más del 100%, pero es una cifra insuficiente ante la meta establecida para finales de 2019”, indicó el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo.

De acuerdo con este reporte de inclusión laboral, 2.516 servidores públicos colombianos declararon tener algún tipo de discapacidad, cifra equivalente al 0,21% del total de servidores públicos (1.198.834, a 31 de diciembre de 2018), aunque se resalta que esta cifra registraba la vinculación de 1.192 personas en esta condición en marzo de 2018.

“El Gobierno ha emprendido una ardua tarea para que el sector público comprenda su responsabilidad en el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2011 de 2017, mediante un trabajo articulado entre la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, liderada por el doctor Jairo Clopatofky; el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, el Servicio Público de Empleo y la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, entre otras”, agregó el director de este departamento administrativo.

Al respecto, el alto consejero Jairo Clopatofsky, sostuvo que “no se trata solamente de cumplir con la norma, el Decreto 2011 de 2017; sino por el respeto y la dignidad, por unos derechos y unos deberes que tienen las poblaciones en Colombia; debemos darles la oportunidad a las personas con discapacidad para que trabajen en las entidades públicas”

Entidades que cumplen según el informe del SIGEP

Hasta el pasado mes de febrero, 441 de las más de 6 mil entidades públicas del país reportaron en el SIGEP el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad, cuyos reportes se condensan en un informe “que busca ser un instrumento que brinde elementos a las entidades para la toma de decisiones en torno al cumplimiento del Decreto, tanto a nivel nacional como territorial” agregó el director Grillo.

El balance permite determinar que, en la Rama Ejecutiva del orden nacional, son 28 las entidades que ya pueden dar un parte positivo en lo que al cumplimiento del Decreto se refiere: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Sanidad, Dirección General de la Policía Nacional, Ejército Nacional de Colombia, Instituto Colombiano Agropecuario y Superintendencia del Subsidio Familiar.

Así mismo, se incluyen en este listado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Instituto Nacional Para Ciegos, Instituto Nacional Para Sordos, Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, Comisión de Regulación de Comunicaciones y Ministerio de Transporte.

Adicionalmente, se destacan en este balance la Superintendencia de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En cuanto a los órganos de control, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República registran el cumplimiento anticipado de la norma para el año 2019.

Por su parte, en la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación cumple con lo dispuesto por la Norma, tal como lo hacen las Corporaciones autónomas regionales del Alto Magdalena y del Quindío en representación de los órganos autónomos e independientes. En el orden territorial, las gobernaciones de Antioquia, Meta, San Andrés, Casanare y Caquetá se destacan por seguir la cuota de vinculación de personas con discapacidad, aspecto en el que también se resaltan las alcaldías de Medellín, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Montería y Puerto Carreño.

“Esperamos que todas las entidades públicas se sumen a este listado y que sean un ejemplo de inclusión laboral; además, se debe tener en cuenta que las disposiciones del Decreto tienen una segunda y tercera fase, en diciembre de 2023 y de 2027, en el que los porcentajes crecen significativamente respecto a lo estipulado para diciembre de 2019", precisó Fernando Grillo.

En efecto, las plantas de personal de 1 a 1.000 empleos deben destinar el 3% y el 4% para diciembre de 2023 y de 2027, respectivamente; las plantas de 1.001 a 3.000 empleos, deben destinar el 2% y el 3% de sus empleos en los periodos descritos; y, finalmente, las entidades con más de 3.000 empleos deberán destinar el 1% y el 2%.