Publicado por: Jorge Iván Giraldo Díaz 
Fecha: 31 de Diciembre 1969 
Equipo: Servicio al Ciudadano
Con la intención de fortalecer las estrategias anticorrupción de las entidades públicas, Función Pública da a conocer los resultados de cumplimiento de publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Sin embargo, antes de valorar los resultados, es necesario entender qué es y cuáles son los componentes de un plan anticorrupción.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyo plazo para ser publicado en las páginas web de las entidades venció el pasado 31 de marzo, es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, que debe ser diseñado por las entidades públicas pertenecientes a todos los niveles de gobierno.
Estos documentos se estructuran sobre cinco componentes: Gestión de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cada uno de los componentes es autónomo e independiente. Adicionalmente, contienen parámetros y soporte normativo propio.
La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde se proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.
La importancia de su publicación radica en que estos documentos constituirán la base del proceso de acompañamiento que adelantará Función Pública a las 162 instituciones públicas que reportaron sus planes, con el fin de favorecer la adecuada implementación de sus estrategias anticorrupción durante lo que resta de 2016 y todo el 2017.
Los resultados
De acuerdo con lo reportado por las 162 entidades, el 95,1% de las mismas elaboró y publicó el Plan Anticorrupción en sus páginas web.
Respecto a los componentes, el 91% de las entidades presentó el componente de rendición de cuentas; el 94%
elaboró el capítulo dedicado a los mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano y el 86% dio a conocer las actividades relacionadas con la mejora de la transparencia y el acceso a la información.
En cuanto al mapa de riesgos de corrupción, éste fue publicado por el 96% de las entidades y el 94% publicó su plan de racionalización de trámites; cabe señalar que este último es de obligatorio cumplimiento únicamente para un universo de 141 entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Para el componente de Rendición de Cuentas el 76% de las entidades programó acciones de diálogo con ciudadanos adicionales a las audiencias públicas; el 72% proyectó acciones para generar incentivos de rendición de cuentas y el 69% identificó acciones para evaluar dicha estrategia; así mismo, en este apartado se registró que el 56% de las entidades programó la realización de audiencias públicas. En cuanto al componente de Acceso a la Información Pública, el 75% de las 162 entidades obligadas a suministrar esta información cumplió con el reporte de acciones para publicar información en la página web.
En relación con las acciones ejecutadas para publicar información en medios diferentes a la página web institucional, el nivel de cumplimiento es del 67%; en cuanto a las acciones desarrolladas para mejorar el nivel de inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites, Suit, éstas fueron reportadas por el 29% de las 141 entidades obligadas a cumplir este apartado.
Respecto a las acciones para mejorar el nivel de inscripción, publicación y vinculación de hojas de vida de servidores públicos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep, sólo el 4% programó acciones puntuales.
Finalmente, sobre el componente de Racionalización de trámites, de obligatorio seguimiento para 141 entidades, el 38% de las mismas diligenció la estrategia de racionalización en el módulo de Gestión de Racionalización del Suit, y el 55% de las entidades identificó claramente los trámites a racionalizar, las mejoras a implementar, los tipos y acciones de racionalización, así como las fechas de implementación y responsables.
Cabe destacar que, con el fin de capacitar a las entidades en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes del vencimiento del plazo de publicación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, adelantaron una serie de capacitaciones presenciales y virtuales.
Durante estas jornadas, además de presentar los componentes del informe, se trataron temas como las generalidades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el fin de establecer un contexto del fenómeno de la corrupción y la importancia de su análisis en la gestión pública.
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Jorge Iván Giraldo Díaz
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