Las deudas de Colombia frente a los Derechos de las Mujeres

Publicado por: Luz Andrea Piñeros López Fecha: 31 de Diciembre 1969 Equipo: Planeación Tema: Buen Gobierno 16654

Colombia está ad portas de presentar ante las Naciones Unidas su IX Informe en relación al desarrollo de su política para promover la igualdad de la mujer en su territorio. Como todos sabemos, los avances en materia de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer son marginales y no vienen a la velocidad que la sociedad colombiana y el mundo esperan.

En primer lugar, todavía no hemos podido conciliar las opiniones opuestas al interior del gobierno, a fin de respetar y cumplir los autos de la Corte Constitucional en materia de los derechos de las mujeres en su salud sexual y reproductiva en tres aspectos fundamentales: (i) Se garantice el acceso legal de aborto; (ii) Se garantice la prestación de servicios de atención de la salud para las mujeres que se realicen abortos de riesgo y, (iii) se modifique el marco reglamentario, que garantice que la esterilización sea realizada con el consentimiento libre e informado de las mujeres, especialmente, en mujeres que viven con algún tipo de discapacidad y/o VIH/SIDA.

En segundo lugar, a nivel laboral el gobierno debe adoptar medidas para reducir en la práctica la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres. Toda vez que, las mujeres jóvenes colombianas, a partir de la cohorte de 1980, tienen más años de educación que los hombres, con lo que se ha invertido el sentido de la brecha educativa. Sin embargo, este cambio no se ha traducido en un aumento relativo en los salarios de las mujeres, y los hombres continúan teniendo salarios, en promedio, 12% mayores que ellas [Piñeros; 2009].

En materia de violencia sexual hacia las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) propone se eliminen todas las formas de mutilación genital femenina, en especial, en algunas comunidades indígenas, como la comunidad emberá, así como la tolerancia de esta práctica por parte del Estado ya que no está prohibida por la Ley.

Otro tema que se engavetó en los anales de la agenda gubernamental fue el debate en torno a la trata de personas. A pesar de haber aprobado el Decreto Reglamentario de la Ley 985 de 2005, que permite brindar protección y asistencia a las víctimas de trata. Todavía el problema es de gran magnitud, el 76,7% de los casos son mujeres, donde el 57% son víctimas de explotación sexual y el 38% de ellas, obligadas a servicios forzados, según cifras reportadas por el Ministerio del Interior para 2013.

Finalmente, quiero señalar que es un deber de todos nosotros como colombianos, propender por las nuevas masculinidades que permitan superar las actitudes patriarcales y los estereotipos basados en el género con respecto a las funciones y responsabilidades de las mujeres y de los hombres al interior del hogar.

Referencias:

PIÑEROS, L. A. (2009): “Las Uniones Maritales, los Diferenciales Salariales y la Brecha Educativa en Colombia,” Desarrollo y Sociedad.