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La participación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional, varios instrumentos del derecho internacional suscritos por Colombia y normativa específica. Según la Ley 1757 de 2015, el control social es el derecho y el deber de la ciudadanía a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para supervisar la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. El contenido de este módulo se estructura en tres capítulos: el primero atiende a la explicación y relación de los derechos que deben garantizar las entidades mediante el servicio a la ciudadanía, haciendo énfasis en los componentes de atención diferenciada y respetuosa, resolución de quejas y facilidad en los trámites. El segundo describe las obligaciones tanto de las entidades que orientan la implementación de la Política de Servicio a la ciudadanía como de aquellas que adelantan acciones para su cumplimiento. Finalmente, el tercer capítulo incluye el paso a paso para que la ciudadanía haga seguimiento y vigilancia a la prestación de servicios, partiendo de los ejes de intervención que la componen: de la ventanilla hacia adentro, es decir, las gestiones internas que adelanta la entidad, y de la ventanilla hacia afuera, esto es la interacción directa del Estado con la ciudadanía, donde se tejen los hilos de confianza.