Que el Decreto 2546 del 23 de diciembre de 1999, por medio del cual se reestructuró el Ministerio del Interior, en su artículo 26 literal c), le asigna a la dirección general para los derechos humanos la función de diseñar y coordinar los programas generales de protección a defensores de derechos humanos y líderes sindicales;

Que de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política, es necesario garantizar la seguridad de los periodistas que asuman la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario y que, por tal circunstancia, se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país, toda vez que éstos, en cumplimiento de dicha labor, se constituyen en verdaderos defensores de los derechos humanos;

Que en tal virtud se debe fortalecer la acción gubernamental encaminada a tomar medidas de seguridad tendientes a garantizar la libertad e independencia profesional de los periodistas y comunicadores sociales defensores de los derechos humanos;

Que vistos los últimos acontecimientos sucedidos en el país, de los cuales han resultado periodistas lesionados y otros que se han visto forzados a salir del país por amenazas, dado el ejercicio de su actividad relacionada con la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario, es indispensable la creación de un mecanismo especial para su protección;

Que según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual pueden realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública,

ARTÍCULO 1º- Créase el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales que en el ejercicio de su actividad profesional asuman la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario y que, por tal circunstancia, se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado que padece el país.

Este programa estará a cargo de la dirección general para los derechos humanos del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 2º-Para efectos de establecer los niveles de riesgo y de evaluar cada caso particular, se crea el comité de reglamentación y evaluación de riesgos integrado de la siguiente manera:

1. El viceministro del interior o su delegado, quien lo presidirá.

2. El director general para los derechos humanos del Ministerio del Interior.

3. Un delegado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Parágrafo. 1º-Asistirán a todas las reuniones del comité, en calidad de invitados especiales con voz y voto, un delegado de la vicepresidencia de la República y un delegado de la Policía Nacional.

Parágrafo. 2º-A todas las reuniones del comité asistirán, en calidad de invitados permanentes con voz y voto, tres delegados de las asociaciones de periodistas designados por el Ministro del Interior.

Parágrafo. 3º-La secretaria ejecutiva del comité será ejercida por el coordinador del área de protección de la dirección general para los derechos humanos del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 3º-Este comité se reunirá ordinariamente cada quince días, previa convocatoria efectuada por parte del director general para los derechos humanos del Ministerio del Interior, y extraordinariamente cuando así lo solicite cualquiera de sus miembros.

ARTÍCULO 4º-Los recursos necesarios para el funcionamiento del programa de protección al que se refiere el presente decreto, serán asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 5º-El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.