DECRETO 4550 DE 2009

(Noviembre 23)

Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto-ley 919 de 1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en relación con la adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones, con posterioridad a la declaración de una situación de desastre o calamidad pública.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto-ley 919 de 1989 y en las Leyes 46 de 1988 y 9a de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto-ley 919 de 1989 define un desastre como el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causadas por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera, por ello, de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social;

Que el Decreto-ley 919 de 1989 consagra una serie de instrumentos legales tendientes a procurar la rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas, como consecuencia de situaciones de desastre o calamidad, en los cuales se involucra tanto a las entidades públicas como a las privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y calamidades;

Que declarada una situación de desastre se aplica un régimen normativo especial que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratos, control fiscal de recursos, adquisición y expropiación, ocupación temporal y demolición de inmuebles, imposición de servidumbres, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas e incentivos de diverso orden para la rehabilitación y la reconstrucción;

Que el Decreto-ley 919 de 1989 en sus artículos 23 y 50 establece las condiciones para declarar el retorno a la normalidad en casos de situaciones declaradas de desastre o calamidad, respectivamente, sin perjuicio de que se disponga de la participación de las entidades públicas y privadas durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo;

Que para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas con ocasión de una situación de desastre o calamidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2015 de 2001 "por el cual se reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción con posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública";

Que de conformidad con el Decreto 2015 de 2001, con posterioridad a la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública, la autoridad municipal, distrital, departamental o nacional competente, deberá adelantar un inventario y diagnóstico de los inmuebles afectados para establecer el grado de afectación del cada uno de los inmuebles y establecer las condiciones de adecuación, reconstrucción o reubicación;

Que es prioridad de la política de Estado agilizar los procesos de rehabilitación y reconstrucción edificaciones con posterioridad a la ocurrencia de desastres o situaciones de calamidad pública de origen natural o antrópico, de tal manera que se realice en el menor tiempo posible el tránsito de la fase de atención de la emergencia hacía fase de recuperación del área afectada;

Que en Sentencia T-1075/07, la Corte Constitucional consideró que "El diferente impacto que los fenómenos naturales puede tener sobre las personas justifica el tratamiento diferenciado de las medidas a adoptar en estos casos, pues el desconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, ignorando tanto el evento desastre como sus consecuencias en el entorno social, económico, ambiental y familiar, implica vulneración contra derechos fundamentales de los damnificados, por lo cual se hace exigible la cesación las causas contrarias a la especial protección debida a la población vulnerable, o las acciones tendientes a la efectividad de la misma";

Que la Ley 1228 de 2008 determinó el ancho de las fajas mínimas de retiro obligatorio para las carreteras del sistema vial nacional, conformado por vías arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo, orden y veredables o de tercer orden;

Que las franjas de retiro que se determinan en la Ley 1228 de 2008 constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras y, por lo tanto, la misma ley prohíbe, a partir de su expedición, levantar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas;

Que el artículo 6° de la Ley 1228 de 2008 establece la prohibición de otorgar licencias de construcción de alguna naturaleza en las zonas de reserva o de exclusión para carreteras, salvo cuando se trate de la consolidación de derechos urbanísticos o el tránsito de normas urbanísticas de que tratan el parágrafo 3° del artículo 7° y el artículo 43, respectivamente, del Decreto 564 de 2006 o la norma que lo adicione modifique o sustituya;

Que la Constitución Política de Colombia establece la obligación del Estado de proteger la vida, la salud bienes y la integridad de las personas residentes en Colombia, según lo estipulado en el artículo 2° de la Carta;

Que las disposiciones de la Ley 1228 de 2008 deben aplicarse de manera que no vulneren los derechos a la vida y la integridad física (artículo 2°, 11 C.P.), la salud (artículo 49 C.P.), la vivienda digna (artículo 51 C.P. La propiedad privada y los demás derechos adquiridos conforme a la ley (artículo 58 C.P.) y los servicios públicos (artículo 366 C.P.);

Que se hace necesario adoptar herramientas normativas que le permitan al Estado intervenir eficazmente en los procesos de rehabilitación y recuperación de las edificaciones afectadas por situaciones de desastre natural o antrópico;

Que en mérito de lo anterior,

Ver el Decreto Nacional 4830 de 2008

 Artículo 1°. Siempre que medie la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública, podrán otorgarse licencias de construcción para la adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones a su estado original, en todo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2015 de 2001 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

 Artículo 2°. No procederá el otorgamiento de licencias de construcción para la adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones a su estado original, cuando estas o parte de ellas encuentren localizadas en:

1. Áreas o zonas de protección ambiental y en suelo clasificado como de protección por el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

2. Zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el plan de ordenamiento territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

3. Inmuebles afectados en los términos del artículo 37 de la Ley 9a de 1989 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

 Artículo 3°. En todos los casos en que no se haya registrado la afectación en los términos artículo 37 de la Ley 9a de 1989 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, procederá la indemnización de las obras de adecuación, reparación o reconstrucción que se hayan autorizado por medio de la respectiva licencia de construcción, dando cumplimiento al artículo 2° del presente decreto.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.