DECRETO 3274 DE 2011

(Septiembre 07)

 Derogado por el art. 51, Decreto Nacional 2677 de 2012

Por el cual se reglamenta la Ley 1380 de 2010 que establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y los artículos 7°, 8° y 11 de la Ley 1380 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el 25 de enero de 2010 el Presidente de la República sancionó la Ley 1380 de 2010, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante.

Que el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política otorga al Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, el ejercicio de la potestad reglamentaria para dictar las normas de carácter general que son necesarias para la correcta ejecución de las leyes.

Que el Gobierno Nacional, en virtud de lo establecido en los artículos 7°, 8°, 11 y 39 de la Ley 1380 de 2010, estima necesario proceder a su reglamentación.

Que para tal propósito, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho (antes Ministerio del Interior y de Justicia), integró la Mesa Técnica para la Reglamentación de la Ley 1380 de 2010, en la que participaron representantes de los Centros de Conciliación Públicos, Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico, Centros de Conciliación de Entidades sin Ánimo de Lucro, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades y representantes de la Unión Colegiada de Notarios, entre otros invitados, la cual se reunió los días 4 de febrero, 18 de marzo, 30 de abril, 21 de mayo y 9 de junio de 2010, según soportes documentales que obran en la Dirección de Acceso a la Justicia.

Artículo 1°. Competencia del trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante. Podrán conocer de los trámites de insolvencia los Centros de Conciliación del lugar del domicilio del deudor autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de los conciliadores inscritos en sus listas, y las notarías a través de sus notarios, del lugar del domicilio del deudor.

Parágrafo 1°. Las competencias asignadas a los conciliadores de los Centros de Conciliación y las competencias asignadas a los Notarios de que trata este decreto, se derivan de las atribuciones y funciones que la Ley 1380 de 2010 en los términos de la Ley 640 de 2001 les ha atribuido como conciliadores.

Parágrafo 2°. Los abogados conciliadores de que trata el literal b) del artículo 16 de la Ley 640 de 2001 no podrán conocer directamente de los trámites de insolvencia económica, y en consecuencia, ellos sólo podrán conocer de estos asuntos a través de la designación que realice el correspondiente Centro de Conciliación.

Parágrafo 3°. Los Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico de las Facultades de Derecho podrán, a través de los estudiantes inscritos en ellos, tramitar solicitudes de insolvencia cuando hayan cursado y aprobado la capacitación exigida para los Notarios y conciliadores de Centros de Conciliación por el Decreto 4007 de 2010 y actúen bajo la supervisión directa del Director o los Asesores del respectivo centro. Los abogados titulados inscritos en los Centros de Conciliación de los Consultorios Jurídicos, podrán atender trámites de insolvencia económica para la persona natural no comerciante, una vez hayan cursado y aprobado la formación establecida en el Decreto 4007 de 2010.

Artículo 2°. Competencia territorial. La solicitud para dar inicio al trámite de insolvencia económica podrá ser presentada ante las Notarías o Centros de Conciliación del domicilio del deudor. Cuando en el municipio del domicilio del deudor exista Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y no exista Notaría, la solicitud debe presentarse en el Centro de Conciliación. Cuando en el municipio del domicilio del deudor exista Notaría y no exista Centro de Conciliación, la solicitud debe presentarse ante la Notaría. Cuando en el Municipio del domicilio del deudor no existan Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho ni Notaría, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier Centro de Conciliación o Notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente.

Artículo 3°. Competencia para conocer de la modificación del acuerdo de pago. Cuando se presente una solicitud de modificación del acuerdo de pago de que trata el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1380 de 2010, y el Centro de Conciliación o la Notaría ante la que se desarrolló el trámite de negociación de deudas haya dejado de existir, la solicitud podrá ser presentada ante cualquier otro Centro o Notaría a elección del deudor y de los acreedores que representen no menos de una cuarta parte de los créditos insolutos, aplicando las reglas establecidas en el artículo anterior.

Artículo 4°. Juramento del solicitante. La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas se entiende presentada por el deudor bajo la gravedad del juramento. En el evento en que el deudor presente la solicitud a través de apoderado, el juramento se entenderá prestado por el hecho del otorgamiento del poder.

Artículo 5°. Inventario. La persona natural no comerciante que quiera acogerse al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1380 de 2010, debe preparar, con la colaboración de un contador público independiente, un estado de inventario, según la definición que de este estado de propósito especial contempla el artículo 28 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Dicho estado deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud de trámite de negociación de deudas.

El estado de inventario contendrá en sus notas las relaciones exigidas en los numerales 3, 4, 5, 7 y 10 del artículo 10 de la Ley 1380 de 2010.

Al estado de inventario se anexará, a título de información complementaria, la exigida por los numerales 1, 2, 8 y 9 del artículo 10 de la Ley 1380 de 2010.

Artículo 6°. Construcción del estado de inventario. Para preparar el estado de inventario, el contador público independiente deberá utilizar un procedimiento de reconocido valor técnico contable.

Para permitir el cumplimiento del principio de transparencia de que trata el numeral 6 del artículo 3° de la Ley 1380 de 2010, la persona natural no comerciante podrá pedir a los acreedores que le informen por escrito sobre las obligaciones a favor de estos y a cargo de aquel, acudiendo para el efecto a la técnica de confirmación positiva, de manera que solamente se da por probado, lo informado por el acreedor.

Los activos serán presentados a su valor de realización o de mercado de conformidad con el artículo 10 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, justificado en avalúos o listas de precios o, a falta de estos, a su valor histórico. En las notas al estado de inventario, se informará sobre el valor fiscal de tales bienes y sobre su valor histórico cuando se hubieren presentado a su valor de mercado. En firme el avalúo de que trata el artículo 11 de la Ley 1380 de 2010, se registrará la respectiva valorización o desvalorización.

Artículo 7°. Certificación. El estado de inventario será certificado, por separado, por la persona natural no comerciante y por el contador público independiente que le hubiere colaborado en su preparación.

En su certificación la persona natural no comerciante declarará que el estado de inventario satisface las afirmaciones propias de la información financiera, enumeradas en el artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y que, por lo tanto, no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación financiera y su capacidad de pago.

En su certificación, el contador público independiente:

a) Identificará el estado de inventario de que se trate;

b) Distinguirá la responsabilidad que con relación a dicho estado asumen la persona natural no comerciante y el contador público;

c) Describirá el proceso realizado para su preparación e indicará que, en cuanto ha actuado como preparador de la información, no la ha auditado y, en consecuencia, que no emite ningún dictamen sobre ella;

d) Expresará su concepto sobre la razonabilidad de la información contenida en el estado de inventario;

e) Expondrá cualquier salvedad o incertidumbre que tuviere sobre la información; y

f) Manifestará que está libre de impedimentos frente al deudor.

Artículo 8°. Contabilidad. La persona natural no comerciante cuya solicitud de trámite de negociación de deudas sea admitida, deberá llevar contabilidad a partir del tercer día hábil siguiente a la admisión de su solicitud y hasta que se verifique el cumplimiento del respectivo acuerdo de pago. Con fundamento en esta contabilidad, el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1380 de 2010.

Para comenzar la contabilidad se tomará como balance inicial el estado de inventario preparado según los artículos anteriores. Cualquier ajuste al inventario se reconocerá en dicha contabilidad.

Las sumas cuyo cobro se suspenda, así como cualquier quita o concesión otorgada al deudor bajo condición del cumplimiento del acuerdo de pago, se registrarán en cuentas de orden contingentes hasta que se verifique dicho cumplimiento.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1314 de 2009, la contabilidad de la persona natural no comerciante corresponderá a las características de tamaño de sus actividades, el sector económico al que pertenezca, las circunstancias socioeconómicas en que se encuentre, la forma de organización jurídica de sus actividades, su carácter de no comerciante y el interés público inherente a los procesos de insolvencia. En consecuencia, cuando sea el caso su contabilidad será simplificada, emitirá revelaciones y estados financieros abreviados y estos podrán ser objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. Si se cumplen las condiciones consagradas en la ley, la contabilidad de estas personas se sujetará a las normas que se expidan para las microempresas.

Artículo 9°. Intervención del Ministerio Público. En los trámites de insolvencia económica de la persona natural no comerciante en los que se discutan asuntos relativos a bienes del Estado, jurisdicción coactiva o reclamación de alimentos, el conciliador deberá comunicar por escrito dicha circunstancia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación de la solicitud, a los Procuradores Judiciales del Circuito Judicial del domicilio del deudor, o a las Procuradurías Provinciales en aquellos lugares donde aquellos no existan.

Artículo 10. Audiencia. La negociación de deudas se efectuará en una sola audiencia que podrá suspenderse tantas veces como se estime necesario de oficio o a petición del deudor o los acreedores que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las acreencias presentes en la audiencia, dentro del plazo de duración del trámite establecido por la Ley 1380 de 2010.

Artículo 11. Suspensión de la audiencia. El conciliador podrá suspender la audiencia de negociación de deudas a través de un escrito en el que deberá señalar la fecha y hora de reanudación de la audiencia, el número de la sesión de que se trate, las partes intervinientes en el trámite, quién solicita la suspensión y las razones para decretarla. En todo caso, la reanudación de la audiencia deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del escrito de suspensión, advirtiendo que las diferentes deliberaciones que se den durante la negociación de deudas no podrán extenderse más allá del término establecido en el artículo 15 de la Ley 1380 de 2010.

El escrito de suspensión será suscrito por el conciliador y entregado a las partes al finalizar la audiencia que se suspende.

Artículo 12. Acta. Cuando en el trámite de insolvencia económica de la persona natural no comerciante se logre un acuerdo de pago o se modifique el mismo, se levantará un acta que lo contenga y que deberá ser suscrita por el conciliador, el acreedor y el deudor.

Artículo 13. Registro del acta. El conciliador deberá registrar el acta de conciliación ante el Director del Centro de Conciliación, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 4° del Decreto 30 de 2002, o demás normas que los modifiquen.

Parágrafo. En todos los casos, el original del acta de conciliación y sus modificaciones deberán reposar en los archivos del Centro de Conciliación o en la Notaría.

Artículo 14. Constancias. En aquellos casos en los que en el trámite de negociación de deudas no se logre un acuerdo de pago, el conciliador expedirá una constancia que declare el fracaso de la negociación, copia de la cual entregará a cada uno de los acreedores.

Si pese a existir un acuerdo de pago el conciliador constata el incumplimiento de este, el conciliador expedirá constancia en la que se dé cuenta de ello.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1380 de 2010.

Artículo 15. Peritos avaluadores. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1380 de 2010, se entiende por perito idóneo todo aquel que de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil esté habilitado para presentar avalúos en condición de perito. Los peritos que no hagan parte de la lista de auxiliares de la justicia o de listas de peritos de entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, estarán obligados a acreditar su idoneidad ante el conciliador.

Artículo 16. Marco tarifario de los peritos. Para la determinación del marco tarifario de los peritos, se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil sobre el particular.

Artículo 17. Improcedencia de nuevas solicitudes de trámite de insolvencia. Las personas naturales no comerciantes cuya negociación hubiere fracasado por no haberse celebrado el acuerdo de pago dentro del plazo establecido en la ley o que habiéndolo celebrado lo hubieren incumplido y su incumplimiento no fuere superado en los términos y condiciones dispuestos en la ley, no podrán volver a solicitar un nuevo trámite de negociación de deudas. Tampoco cuando, en virtud del incidente de revisión de que trata el artículo 13 de la Ley 1380 de 2010, el juez civil declare incumplido el acuerdo o se declare probada cualquiera de las causales de restricción a la solicitud del trámite de negociación de deudas establecidas en el artículo 19 de la referida ley.

Artículo 18. Límite de atención por cuantía. Teniendo en cuenta la función social de los Centros de Conciliación de las entidades públicas, estos sólo podrán conocer de trámites de insolvencia en los que los activos del solicitante no superen los cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), a menos que en el respectivo municipio no exista ningún otro Centro de Conciliación y no exista ninguna Notaría. Así mismo, los Centros de Conciliación de las entidades públicas deberán atender a las personas naturales no comerciantes pertenecientes a los estratos 1 y 2. Los Centros de Conciliación de Entidades Públicas deberán incluir, en su reglamento interno, el protocolo a partir del cual se verificará que el usuario pertenece a los estratos 1 y 2.

La no atención por parte de los Centros de Conciliación de las Entidades Públicas, de las solicitudes de trámites de insolvencia económica presentadas por personas naturales insolventes pertenecientes a los estratos 1 y 2, constituirá incumplimiento de las obligaciones del centro.

Artículo 19. Conservación y reporte de información. Los documentos utilizados como soporte en el trámite de insolvencia se conservarán de forma que se garantice su reproducción y consulta hasta que se verifique el cumplimiento del respectivo acuerdo de pago. Una vez admitido un trámite de insolvencia económica para persona natural no comerciante, el Centro de Conciliación o la Notaría deberá registrar el caso en el Sistema de Información de la Conciliación (SIC) del Ministerio de Justicia y del Derecho y reportar ante él en tiempo real, los avances de la negociación respectiva, para efectos del control que sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos ejerce el Ministerio del Interior y de Justicia y para la formulación de política pública sobre el particular.

Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho propenderá por la publicación de los nombres de las personas que han sido admitidas en el trámite de que trata la Ley 1380 de 2010, así como la fecha de la presentación de la solicitud del trámite y de su admisión.

Artículo 20. Custodia de información. El Ministerio del Interior y de Justicia, a través del Sistema de Información de la Conciliación (SIC), publicará el listado de los Centros de Conciliación cuya resolución de autorización se revoque y divulgará el nombre del Centro que asumirá la custodia de los archivos pertenecientes al Centro que ha dejado de existir.

Artículo 21. Traslado y remisión de información. En el evento en que se revoque la autorización de funcionamiento del Centro de Conciliación ante el cual se adelante el trámite de insolvencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho asignará la responsabilidad del trámite y la custodia del archivo documental a otro Centro de Conciliación. En tal caso, el Centro de Conciliación cuya autorización de funcionamiento se revoca deberá reembolsar la tarifa a él cancelada por el deudor, de manera proporcional a las actuaciones que ante él se hayan surtido. El plan de devolución de la tarifa por los servicios cobrados y no prestados, deberá ser sometido a autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. El plan deberá incluir el nombre del beneficiario de la devolución, el monto a devolver y la fecha en que se hará la devolución.

En el evento en que el trámite de insolvencia económica haya culminado, el Centro de Conciliación cuya autorización de funcionamiento se revoca remitirá el archivo documental de los trámites de insolvencia al Archivo General de la Nación.

Cuando se presente solicitud de modificación del acuerdo de pago y el Centro de Conciliación ante el cual se desarrolló el trámite de negociación de deudas haya dejado de existir, el Centro de Conciliación al que el Ministerio de Justicia y del Derecho haya asignado la responsabilidad de la custodia del archivo documental remitirá el expediente a aquel escogido por el usuario.

Artículo 22. Tarifas máximas. En los trámites de insolvencia económica de las personas naturales no comerciantes, las tarifas que podrán cobrar los Centros de Conciliación y las Notarías se liquidarán a partir del valor de los pasivos del deudor.

Las tarifas que deberán cobrar los Centros de Conciliación y las Notarías se calcularán de manera que, hasta un salario mínimo de los pasivos del deudor, la tarifa a aplicar será de hasta 0.18 smlmv; cuando los pasivos del deudor se encuentren en el rango de más de un (1) smlmv hasta diez (10) smlmv, la tarifa máxima será de hasta 0.7 smlmv; de más de diez (10) hasta veinte (20) smlmv de los pasivos del deudor, la tarifa máxima será de hasta 1.0 smlmv. De veinte (20) smlmv en adelante, por cada veinte (20) smlmv de los pasivos del deudor, la tarifa a aplicar se incrementará en uno punto cinco (1.5) smlmv, tal como a manera demostrativa se indica en la siguiente tabla:

Parágrafo 1°. De las anteriores tarifas, el sesenta por ciento (60%) corresponde al conciliador y el cuarenta por ciento (40%) corresponde al centro de Conciliación.

Parágrafo 2°. Los Centros de Conciliación y las Notarías podrán establecer criterios de cálculo de las tarifas teniendo en cuenta la complejidad del caso, el número de acreedores, el valor de los activos y el valor de los pasivos, siempre que se respeten los topes y porcentajes a los que se refiere este artículo. En todo caso, para el cálculo de costos se tendrá en cuenta el monto total de las obligaciones por concepto de capital, así como los ingresos del deudor.

Artículo 23. Rechazo. Tanto en el trámite inicial de negociación de deudas como en el caso de modificación del acuerdo de pago, el Centro de Conciliación o la Notaría rechazará el trámite de insolvencia económica de la persona natural no comerciante en el evento en que la tarifa no sea cancelada oportunamente.

Artículo 24. Reliquidación de la tarifa. Dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que queden en firme los derechos de voto, el Centro de Conciliación o la Notaría liquidarán la tarifa. En los casos donde la cuantía de las obligaciones del deudor sea aumentada en el desarrollo del trámite de insolvencia económica, se podrá liquidar la tarifa sobre el monto ajustado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del presente decreto.

Artículo 25. Sesiones adicionales. Si en el trámite de insolvencia económica de que trata la Ley 1380 de 2010 se realizan más de cuatro sesiones de la audiencia de conciliación, por cada sesión adicional a las cuatro sesiones ya referidas, se podrá cobrar como máximo hasta un diez por ciento (10%) liquidado sobre la tarifa inicialmente señalada, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del presente decreto.

Artículo 26. Tarifas de revisión o modificación. Cuando ante el Centro de Conciliación o ante las Notarías se solicite la revisión o la modificación del acuerdo de pago, se podrá cobrar como máximo hasta un treinta por ciento (30%) liquidado sobre la tarifa inicialmente señalada, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del presente decreto.

Artículo 27. Gratuidad. Los trámites de insolvencia económica para la persona natural no comerciante ante Centros de Conciliación de entidades públicas y Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico de las Facultades de Derecho, serán gratuitos. Con todo, las expensas que se causen dentro del trámite de insolvencia deberán ser asumidas por la parte solicitante, de conformidad con lo previsto en las reglas generales del Procedimiento Civil.

En el evento en que las expensas no sean canceladas, se entenderá desistida la solicitud presentada por el convocante. Si quien no cancela las expensas es parte convocada, se entenderá desistido el trámite que dependa del pago de las mismas.

Parágrafo. Son expensas causadas en el trámite de insolvencia económica para la persona natural no comerciante, las relacionadas con comunicaciones, remisión de expedientes, honorarios de auxiliares de la justicia y demás gastos secretariales.

Artículo 28. Divulgación. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de los programas institucionales de televisión y el Sistema de Información de la Conciliación (SIC), divulgará la manera de acogerse, los beneficios y los efectos del trámite de insolvencia económica para la persona natural no comerciante.

Artículo 29. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.