Que mediante la sentencia C-249 de 2004, la Corte Constitucional señaló el alcance e interpretación del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en especial en lo que hace a la contratación con organismos internacionales.

Que en el mencionado fallo se determinó que el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, según el cual las entidades estatales podrán someterse a los reglamentos de los organismos internacionales en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes es " inaplicable en relación con aquellos contratos relativos a recursos del presupuesto General de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan a donaciones o empréstitos". (resaltado fuera de texto)

Que la discrecionalidad a la que hace referencia el inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en los términos de la Corte Constitucional, se "refiere con exclusividad a los ingresos percibidos por el Tesoro Público de parte de entes u organismos internacionales" (resaltado de la Corte).

Que en razón de la importancia que el cumplimiento estricto del fallo en mención tiene en el manejo de los recursos públicos y como consecuencia de las distintas interpretaciones que se han suscitado con ocasión de su adopción, el Procurador General de la Nación, en ejercicio de su competencia de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales, artículo 277, numeral 1 de la Constitución y señalar criterios claros en lo que hace al ejercicio de la función pública para prevenir la comisión de faltas disciplinarias,

Ver el Documento de la Procuraduría General de la Nación 1 de 2004, Ver el Decreto Nacional 2166 de 2004

Primero: Todos los convenios y contratos celebrados a partir del 17 de marzo del año en curso por las entidades públicas en aplicación del inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, que contravengan la interpretación señalada en la sentencia C-249 de 2004, deben terminarse unilateralmente de conformidad con los artículos 44, numeral 2 y 45 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta los efectos jurídicos derivados de dicho pronunciamiento.

Segundo: Como consecuencia de la sentencia en mención, ha de entenderse que el artículo 15 del Decreto 2170 de 2002, no podrá seguir aplicándose por resultar contrario a la interpretación que del artículo 13 efectuó la Corte Constitucional.

Tercero: Las entidades estatales rendirán un informe detallado a la Procuraduría General de los convenios y contratos suscritos con posterioridad al 17 de marzo, que tengan como sustento jurídico el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y en los que los recursos públicos estén  comprometidos.

Cuarto:  Modificado por el art. 1, Directiva de la Proc. Gral. de la Nación 015 de 2004. Los convenios y contratos celebrados con anterioridad al 17 de marzo de 2004, así como los contratos celebrados en desarrollo de los mismos, se seguirán ejecutando hasta su terminación, sin que sea posible su renovación o prórroga.

Quinto: Todo convenio o contrato con entidades y organismos internacionales a ejecutarse en el territorio colombiano en donde existan aportes de dineros públicos, sin importar el porcentaje del mismo, ha de sujetarse a los principios y normas de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, las entidades públicas no podrán en este evento, someterse a los reglamentos de contratación de tales entidades, en todo lo relacionado con los procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, pago y ajustes.

Sexto. El incumplimiento de esta directriz como de la sentencia de la Corte Constitucional se sancionará como falta gravísima

Procurador General de la Nación